Quienes Somos

Todos los profesionales del derecho somos conscientes que desde hace unos años, y significadamente, con la liberalización de los servicios profesionales, marcada, como exigencia, por la Directica Comunitaria de Servicios (2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior), traspuesta al Ordenamiento Jurídico Española por las Leyes denominadas “Paraguas” (Ley 17/2009, de 23 de noviembre) y “Omniubus” (Ley 25/2009, de 22 de Diciembre) se hace cada vez más necesario buscar una forma colaborativa profesional, de tal manera que de un lado, se de la adecuada atención la cliente, mediante un asesoramiento integral de sus asunto, a través de profesionales con larga experiencia, y de otro se posibilite que dicha prestación de servicios se produzca en cualquier punto de la geografía española, sin descartar la necesidad de que la misma, como consecuencia de la liberalización de servicios y de la supresión de fronteras intracomunitarias, se deba prestar en cualquier país de la Unión Europea.

Estas consideraciones ya se tuvieron en cuenta por un grupo de profesionales y de despachos de abogados cuando se fundó el consorcio de despachos de abogados Iber Legista. Nació el mismo bajo la filosofía de una forma de unión de diferentes despachos profesionales, con experiencia acreditada por los años de ejercicio profesional en los diversos campos del derecho configurándose como una red de despachos cuyo objetivo es abarcar el territorio estatal, con la finalidad de poder prestar asesoramiento legal y defensa en juicio en cualquier parte del España.

Esta forma asociativa, se propugnó entonces, y se propugna ahora, posibilitaba la colaboración de cualquiera de los abogados de los despachos integrados en el consorcio con el letrado que se encarga de la defensa de cada asunto, cuando as! se precise o solicite, señalándose hoy que además contribuye, de forma decidida, a un cada vez más demandado asesoramiento integral de los interese del cliente, propiciando con ello un flujo de información entre profesionales no sólo necesario, sino elemental, a la vista de la multiplicidad de normativas, de decisiones judiciales, y de situaciones.

Todo ello sin olvidar la necesidad de impulsar servicios profesionales de gran calidad científica mediante la actualización permanente de conocimientos, pero también servicios dotados de una calidad humana teniendo como referente las clásicas normas de la buena ética y deontología, componentes hoy desgraciadamente en desuso. En definitiva, servicios donde los derechos e intereses de los clientes primen por encima de cualquier otra consideración o conveniencia.

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